Manifiesto
Estimados compañer@s:
Ante todo queremos aclarar que este Manifiesto no ha sido elaborado por ningún miembro de la Agrupación de Avogados Novos, y que simplemente se utiliza la página como medio de difusión del mismo.
Nos lo acaban de facilitar para que lo colguemos en la Web y podáis leerlo, y nos han solicitado ayuda para difundirlo al mayor número de profesionales del Derecho que ejerzan en nuestra Comunidad, motivo por el cual, hemos accedido a enviaros dicha documentación, entendiendo que en el mismo se tratan cuestiones eminentemente jurídicas y que nosotros somos abogados, independientemente del color político.
Por lo que nos han informado, el Manifiesto ha sido realizado y secundado por un grupo de juristas y profesionales del mundo del Derecho que ejercen en distintos ámbitos dentro de la Comunidad Gallega.
Nos indican que la suscripción o no del presente manuscrito es a título personal, y que únicamente, y para el caso de que se quiera suscribir, se requiere ser licenciado en Derecho y residir en Galicia. Podéis mandar vuestro nombre y D.N.I a la siguiente dirección de correo electrónico: info@abogadospontevedra.com, remitiendo nosotros dichos datos a las personas que nos han solicitado ayuda para su difusión. Nos piden que se haga a la mayor brevedad posible.
Recibid un cordial saludo
ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.-
El tratamiento que está recibiendo desde muy diversas instancias el proceso penal seguido ante el Tribunal Supremo contra un Magistrado de la Audiencia Nacional ha causado una honda preocupación en muchos sectores de la sociedad. La situación ha derivado hacia muestras de escaso rigor y profunda falta de respeto por parte de instituciones y personas que pretenden abordar así un tema tan complejo como el referido al examen de nuestro pasado más inmediato.
Con independencia de los diversos enfoques que las personas que esto manifestamos podamos sostener sobre cuestiones concretas que aparecen en ese debate, compartimos sin duda el rechazo por la simplificación maniquea con la que se está presentando públicamente este proceso penal concreto. Esa simplificación, en defensa de una determinada persona ha terminado silenciando de forma absoluta otras justas pretensiones de algunos movimientos sociales referidos al “periodo dictatorial”. En efecto, negar la procedencia de seguir un proceso penal por los hechos acaecidos durante el citado período, no significa en absoluto defender a quienes los hayan realizado ni, mucho menos, negar las legítimas reivindicaciones que toda sociedad tiene derecho a hacer en cuanto al examen de su Historia.
Los sistemas democráticos parten del reconocimiento irrenunciable de la pluralidad humana, lo que impide el establecimiento de verdades absolutas como fundamento del Poder. De ahí la necesidad de establecer reglas de juego que permitan la convivencia. Las Constituciones dan respuesta a dicha necesidad. Por ello contienen reglas de conformación y distribución del Poder, pues sin ellas no pueden darse las condiciones que permitan el desarrollo de la Democracia. No es indiferente, por tanto, qué Poder se ejerce, cómo se ejerce y quién lo ejerce. Cuando el Poder Legislativo, representante de la ciudadanía, ha adoptado determinadas decisiones, no es legítimo que un miembro del Poder Judicial obvie las mismas. Permitirlo sería atribuir a cada de una de las personas que conforman el Poder Judicial la facultad de hacerlo en cualquier momento.
La ausencia de respeto a las instituciones democráticas y la calificación de los procesos de garantía como escollos a evitar, son discursos que nos alejan de las pretensiones democráticas que las muchas victimas de la dictadura defendieron con su vida.
Las reglas y los procedimientos que rigen el ejercicio de la Jurisdicción, y también los límites a la misma, son, ni más ni menos, que reglas de la libertad e igualdad de cada persona que convive en Sociedad. Alejarse de esas reglas, pasar esos límites, sitúa al Juez fuera de su ámbito de legitimidad. Sin ella, sea cual sea el contenido de sus decisiones, sólo penderemos de voluntades Individuales.
Ahora bien, dichas reglas y procedimientos no sólo sujetan la acción del Juez, también vinculan a los demás Poderes y a la propia ciudadanía, por lo que del mismo modo que resultaría inadmisible una actuación judicial fuera de los márgenes predefinidos, también lo sería la actuación de otros Poderes y de los ciudadanos que pretendieran que se diera solución al conflicto que ha de resolver el Juez fuera de las referidas reglas y procedimientos.
La pretensión de influir extrajudicialmente, por la vía de hecho, en el curso de un proceso en marcha mediante la descalificación, mediante la deslegitimación en la arena pública del Juez que conoce de la causa, al objeto de que se pliegue a designios ajenos es atentar contra las reglas básicas de distribución del Poder. Es jugar a destruir la Constitución. Sólo quienes se creen en posesión de la verdad absoluta pueden valorar que, si con dicha presión logran su objetivo, han ganado. Por el camino, han violentado las reglas que precisamente permitían la convivencia en libertad de todos. Flaco favor han hecho, por tanto, a la Democracia que dicen defender.
Todo lo anterior nos lleva a los firmantes, profesionales del derecho y la universidad comprometidos con los valores democráticos:
A reclamar rigor y racionalidad en el debate público sobre el proceso penal tramitado ante el Tribunal Supremo por la posible comisión de un delito de prevaricación. Es un error afirmar que la causa abierta contra un Magistrado de la Audiencia Nacional es el enjuiciamiento de la Democracia por la ultraderecha. Se trata de la investigación de la posible comisión de un hecho delictivo, algo que, en el marco de una Democracia consolidada, sólo en el curso de un proceso puede esclarecerse. El atentado contra la Democracia se produce, por el contrario, pretendiendo llevar la solución del proceso fuera de las reglas y procedimientos que lo disciplinan.
A pedir, por ello, el máximo respeto a la labor del Instructor Don Luciano Várela Castro. Es manifiesto el compromiso de este Magistrado en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. Rechazamos las calificaciones que desconocen ese compromiso personal y consideramos una injusticia la simplificación injuriante que algunas personas no dudan en proclamar desde todo tipo de tribunas.
La libertad y la democracia deben mucho a compromisos como el indicado, pero sobre todo a la defensa de los límites a los Poderes estatales y de las reglas que aseguran los espacios de racionalidad en los debates.